Enfrentamientos armados, lavado de activos, venta ilegal de armas y sospechas sobre la presencia de organizaciones criminales internacionales. Esos ilícitos forman parte de expedientes que se abrieron o tomaron forma el año pasado en la provincia. Estas causas integran la otra cara del narcotráfico: la expansión del tráfico de drogas en el NOA y la sospecha de que ese avance posicionó a Tucumán como un centro de acopio de estupefacientes.

En 2025 se batieron récords de secuestro de drogas en la provincia. Con respecto a 2024, el decomiso de cocaína se incrementó casi un 400% y el de marihuana, más de un 1.500%. El aumento en la incautación de sustancias no vino solo, sino que estuvo acompañado por la narcocriminalidad, es decir, delitos asociados al oscuro mundo narco.

A partir de un tiroteo registrado en la entrada de una fiesta electrónica, se reeditó una de las disputas por el dominio territorial más antiguas de la provincia. Los clanes Ale y Los Gardelitos volvieron a enfrentarse a balazos. En un primer momento, se pensó que se trataba de una interna por el poder de la barra brava de San Martín, pero durante la investigación surgieron datos que indicarían que se trataría de una cuestión narco.

Los protagonistas de esa causa, que desde hace años están cubiertos por el manto de las sospechas, terminaron tras las rejas. Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale -condenado por lavado de activos generados por la comercialización de drogas- es el único que seguirá detenido por el tiroteo. Javier “Chuky” Casanova, el otro imputado por la balacera, quedó prácticamente desvinculado de esa causa, pero permanece con arresto domiciliario porque le encontraron casi 100 dosis de cocaína en su casa al momento de la detención. Lo curioso del caso es que el fiscal José Sanjuán declinó la competencia y envió el expediente para que continuara bajo investigación de la Justicia Federal, que todavía no definió si avanzará.

El caso del tiroteo también puso bajo la lupa a Walter “Petiso David” Lobo por su supuesta relación con “Chuky”. La Policía fue a buscar armas a su domicilio, pero encontró cuatro kilos de marihuana, por lo que quedó detenido. Después de que sus familiares realizaran protestas en la puerta de los tribunales federales exigiendo su liberación, el fiscal Agustín Chit lo acusó de dirigir una organización dedicada al lavado de activos provenientes de distintos ilícitos, entre ellos, la comercialización de drogas.

TRAS LAS REJAS. “Petiso David” es trasladado desde tribunales federales.

En la pesquisa, el representante del Ministerio Público descubrió que el señalado era investigado desde 2012 en diferentes jurisdicciones del país, pero nunca antes había sido acusado por tráfico de estupefacientes.

Los hitos narcos de 2025: cómo va mutando el tráfico de drogas en el NOA

“Esto demuestra que hay una decisión política de luchar no sólo contra el tráfico de drogas, sino también contra toda su estructura”, dijo Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico.

“Desde un primer momento dijimos que el objetivo de nuestra gestión sería recuperar el dominio de las calles. Por ese motivo, estas personas hoy están detenidas. Por supuesto que nos faltan más, pero vamos a seguir trabajando para que respondan ante la Justicia”, añadió Joaquín Girvau, jefe de Policía.

Causas inéditas

En este contexto, se iniciaron investigaciones inéditas. Por primera vez en la historia de la provincia, en el denominado caso Alberdi, quedó al descubierto que una supuesta organización, utilizando estructuras del Estado, habría cometido lavado de activos provenientes de diferentes ilícitos, entre ellos, la comercialización de drogas. Fueron procesados el intendente Luis Campos (dejó el cargo cuando el municipio fue intervenido), su esposa, la legisladora Sandra Figueroa; José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda); Pablo Barrionuevo (ex secretario de Bienestar Social), y José Albano Loru (ex concejal). Los acusados apelaron la resolución.

Hubo otra causa que hizo historia el año pasado. Un grupo de tucumanos fue procesado por haber montado una estructura para la venta de armas a nivel internacional. En este caso, realizaron diferentes maniobras para comercializar pistolas calibre nueve milímetros que terminaron en poder de un clan de origen chileno que, según otras investigaciones, las adquiría para grupos narcos trasandinos.

TIROTEO. Facundo Ale dispara en la entrada de una fiesta electrónica.

Desde hace por lo menos cinco años, organismos internacionales que luchan contra el crimen organizado habían advertido a las autoridades argentinas sobre la presencia de cárteles y organizaciones criminales brasileñas, como el Comando Vermelho. Con la expansión narco en todo el NOA, Tucumán no quedó exento del accionar de estos grupos, especialmente del que nació en las cárceles de Brasil. Se sospecha que personas oriundas de esta provincia podrían haber tenido algún tipo de colaboración con este grupo.

Avances

“Que se inicien causas por lavado de activos y otros delitos federales es lo que hace falta para atacar hacia arriba, que es donde radica la impunidad”, sostuvo el penalista Patricio Char. “Pero hay que apuntar a todos: no sólo a los narcos, sino a cualquier criminal de guante blanco o persona involucrada”, añadió.

El abogado Facundo Criado señaló: “Es evidente que se decidió atacar el patrimonio criminal. Al no poder probar siempre de quién es el cargamento secuestrado, se busca seguir la ruta del dinero, como el blanqueo de fondos mediante la compra de autos o inmuebles, el financiamiento de clubes y el arsenal bélico como pruebas sólidas para desarticular las estructuras narco. Este fenómeno jurídico puede interpretarse como un cambio de paradigma en la persecución penal”.

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

“Estamos ante un cambio cualitativo en la forma de abordar el delito organizado. Cuando el Estado comienza a investigar lavado de activos, tráfico de armas y estructuras financieras, deja de enfocarse en los eslabones más débiles y avanza al corazón del negocio criminal”, explicó la penalista Paula Morales Soria. “Que ahora se procese a personas que durante años fueron señaladas o sospechadas indica que hay investigaciones más sólidas y una clara decisión de no tolerar zonas de impunidad”, concluyó.